Durante mucho tiempo los neo-con sostuvieron, y siguen sosteniendo, que la mejor política energética es no tener ninguna política.  Con esta filosofía se impuso el proceso de desregulación, reestructuración y privatización del mercado eléctrico.

Las reglas del juego se establecieron teniendo como fin último promover negocios de corto plazo para atraer inversiones en el sector eléctrico. Cuando alguna pieza del engranaje fallaba para ese propósito, simplemente se descartaba sin dedicarle mucho esfuerzo a guardar las apariencias.

Así ocurrió con un artículo de la ley general de electricidad que dio lugar a un amparo del CDC, el cual establecía que los cargos por uso de red debían ser calculados en base a medición de potencia, algo que por supuesto no es posible con la mayoría de consumidores residenciales, ya que los contadores de medición de consumo instalados en el sector residencial no lo permiten.

Dicho artículo volvía ilegal la forma en que se calculaban los cargos por uso de red, pero en este caso la única forma de garantizarle “seguridad jurídica” a las empresas distribuidoras, era tirar la ley a la basura, y así se hizo.

En otros casos, el Estado salvadoreño ha enfrentado demandas millonarias al intentar echarse para atrás después de haber firmado contratos  leoninos, tal  como fue el caso del contrato con Nejapa Power, y en la actualidad, el contrato con ENEL.     

Dos de las áreas que el  neoliberalismo tiende a poner en crisis en Estados dependientes como El Salvador: la soberanía y el respeto a las leyes nacionales, son particularmente sensibles en el caso de la energía. Esto tiene implicaciones profundas en la discusión de proyectos como El Chaparral; y más aún en el caso de El Cimarrón, por su tamaño y por su costo (del orden de los 1000 Millones de dólares).

Por ejemplo, en el hipotético caso de que el Estado salvadoreño decidiera parar el proyecto El Chaparral (por consideraciones sociales, ambientales, éticas, etc.), es previsible que las presiones económicas harían insostenible esa decisión. Es decir, carecemos del grado de soberanía necesario para ejercer una verdadera independencia energética.

En el caso de El Cimarrón, se sabe de entrada que el Estado salvadoreño carece de la capacidad financiera necesaria para construir el proyecto. El plan de la administración Saca contempla una concesión por 15 años a un inversionista estratégico. Con estos antecedentes, la discusión actual por El Chaparral parecerá cosa de niños comparada con lo que viene por El Cimarrón.

Proyectos de generación hidroeléctrica, como los dos antes citados, fueron engavetados intencionalmente durante mucho tiempo, para propiciar negocios de corto plazo (de generación térmica) en nuestro país, hasta llegar a la situación actual en la cual la matriz de generación energética se ha invertido, y casi el 50 % de la generación eléctrica nacional tiene origen térmico (petróleo).

De seguir, con la inercia actual, el crecimiento principal de la  capacidad instalada será de origen térmico, como lo demuestran los dos mega-proyectos (carbón y gas natural) de La Unión, que equivalen aproximadamente al 80 % de la demanda energética actual.

Los economistas saben que existe una estrecha correlación entre consumo de energía eléctrica y crecimiento económico. A mayor crecimiento económico, mayor consumo de energía eléctrica. Pero la disponibilidad de energía eléctrica es un prerrequisito para el crecimiento económico, y también para el desarrollo, por lo tanto, la relación  causa-efecto es bilateral.

El factor que puede diferir la crisis energética es la duración y los efectos de la actual recesión económica, pero en todo caso, aún con el horizonte de crecimiento económico más pesimista, de no concretarse los proyectos de expansión en la generación, podríamos experimentar racionamientos y apagones antes del 2014.

La puesta en marcha del total de proyectos hidroeléctricos aparece tan incierta en el tiempo, que su impacto en la crisis de corto plazo podría ser irrelevante. Todo apunta a que la coyuntura actual no hará sino reforzar la justificación de los mega-proyectos de La Unión, y la instalación de más generadores térmicos en bloques de 50 MW, como la central térmica Talnique. 
 
La administración Funes ha heredado un catálogo de hechos consumados en el sector energético, entre los que destacan El Chaparral; El Cimarrón; las Plantas de Carbón Mineral de 250 MW  y Gas Natural de 600 MW de La Unión; y la Integración Energética Centroamericana.

Una pieza adicional del catálogo, es una propuesta de política energética que en realidad es un resabio más del período neo-con. En mayo de 2007, el ministerio de Economía hizo público un documento [brochure] de política energética del Estado salvadoreño, este documento básicamente describe un borrador de plan de negocios para el mercado de energía. En el fondo, es más de lo mismo. La visión de negocios es el factor dominante.

En los temas de cobertura universal, impacto ambiental y eficiencia energética, el brochure de política energética brilla por la ausencia de metas cuantitativas y compromisos verificables. Resulta contradictorio establecer la reducción del impacto ambiental como uno de los objetivos generales de la política energética, cuando entre los objetivos específicos el mismo documento, se recomienda el carbón mineral como alternativa de diversificación de la matriz energética.

Se sabe de sobra que el carbón es el combustible fósil más contaminante y, por ejemplo, la administración Obama tiene como meta no permitir la instalación de más plantas de este tipo.

Las joyas del brochure de política energética son los proyectos públicos y privados (ya mencionados  previamente) que ya existían al momento de elaborarse el documento.

Con los mega-proyectos de la Unión, se potencia este nodo (La Unión) como un hub energético de Centro América, por medio del SIEPAC. Es decir, la contaminación se queda en La Unión, mientras que la energía se podría estar usando en Nicaragua y Costa Rica.

Con las aportaciones que debe realizar el Estado salvadoreño para la integración energética centroamericana (la cual por supuesto tendrá un operador privado), incluyendo la ampliación del sistema de transmisión nacional para interconectar a La Unión, lo más seguro es que el costo de transmisión se debería incrementar.

Por otra parte, uno de los resultados visibles de más de una década de desregulación en el sector eléctrico, es que los cargos por energía en las tarifas eléctricas del sector residencial en el Área Metropolitana de San Salvador son mayores que los valores promedio en 30 Estados de los EE.UU.

El consumidor promedio (154 kWh) debe pagar el equivalente a 5 días de salario mínimo.

En este escenario (de una propuesta de política energética), aparece el Consejo Nacional de Energía (CNE), como ente  rector de la política energética, el cual ciertamente solo ha existido de manera virtual ya que desde que se emitió la ley de creación en 2006, el CNE nunca ha funcionado; sin embargo, pocos días entes de la toma de posesión del nuevo gobierno, el ministerio de Economía juramentó al Comité Consultivo del Consejo Nacional de Energía.

Los comentarios sobran en este caso, ya que los propósitos son obvios en esta última jugada de la administración Saca. Lo peor es constatar que existen casos específicos de conflicto de interés en la composición del Comité Consultivo del CNE.

El gaffe más significativo del brochure de política energética, es el "no reconocimiento" del verdadero estatus de la política energética. Solo la factura petrolera de El Salvador alcanzó los $2000 millones en el 2008. Esto representa un porcentaje bastante alto del déficit comercial de nuestro país.

Limitar la jerarquía del ente rector a una comisión, es reconocer anticipadamente que el CNE nunca discutirá temas realmente medulares, ya que las verdaderas decisiones de política energética se seguirán tomando en otro lugar. A lo mejor esa es la intención de la herencia que los conservadores han legado a la administración Funes.

Si se acepta esta herencia, en realidad sería mejor dejar de perder el tiempo hablando acerca de este tema. En caso contrario, deberíamos esperar cambios visibles en este sector, empezando por hacer pública la política energética de la administración Funes. Es necesario decir con claridad que otro cambio imprescindible es la creación de un ministerio, o al menos de un viceministerio de energía.

Esa es la jerarquía mínima que se le debe reconocer a este tema. Con estos dos elementos se puede hablar de un contexto dentro del cual tiene sentido analizar la conveniencia de proyectos como El Chaparral.

El presidente Funes durante su carrera como periodista, hizo suya la frase "...poner la carreta delante de los bueyes...".

Seguir hablando de El Chaparral sin la institucionalidad mínima requerida, y en ausencia de una política energética de Estado, es simplemente eso: poner la carreta delante los bueyes.

José R. Ramos López, profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Universidad de El Salvador (UES), colaborador de Raíces.